La "Patriot Act" o cómo hacer lo que les venga en gana

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Desaparecidos, Amnistía Internacional ha hecho públicos los escalofriantes datos correspondientes al conflicto de Irak. Según la ONG, que lleva trabajando desde 1961 para defender los derechos humanos en todo el mundo, 70.000 personas han sido detenidas por las tropas estadounidenses desde el inicio de la guerra. De ellas, casi 10.000 siguen bajo custodia militar norteamericana en paradero desconocido. Las consecuencias de la "guerra contra el terror" y el recorte de libertades individuales en aras de la seguridad ha llevado, en muchos casos, a practicar abusos intolerables como los conocidos en las cárceles de Abu Graib. Estan por aclarar las 27 muertes que se han producido durante algunas de estas custodias, pero tras comprobar cómo se depuraron responsabilidades en un caso tan público como Abu Graib, no queda mucho margen para el optimismo. Hay que tener en cuenta que muchas de las detenciones se realizaron (y se siguen realizando) en secreto para evitar la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja o de los observadores internacionales. Prisioneros de todo tipo son diseminados por cárceles pakistaníes, jordanas, egipcias o afganas sin que se les faciliten cargos acusatorios. Tampoco son informados los familiares, que experimentan una desesperación y una angustia equiparable a la tortura al no saber dónde ni cómo se encuentran sus seres queridos. Afortunadamente, cada vez se alzan más voces en EE.UU. para protestar contra esta guerra y sus abusos. Asociaciones como CodePink se hacen oir y personajes como Cindy Sheehan cobran notoriedad internacional (Cindy Sheehan es la madre de un soldado muerto en Irak) tras promover una manifestación frente a la Casa Blanca contra la ocupación militar en Irak. Pero resulta penoso comprobar cómo gran parte de la sociedad norteamericana sigue justificando este atropello continuo de los derechos humanos, sea en Guantánamo, sea en Oriente Medio. Los insultos y descalificaciones (incluso institucionales) recibidos por Sheehan dan buena muestra de ello. La aprobación de la Patriot Act, la draconiana ley que permite la detención y reclusión indefinida de un sospechoso de terrorismo, unida al rechazo frontal de EE.UU. a reconocer al Tribunal Penal Internacional (el único que podría juzgar estos abusos a posteriori) han dado manga ancha a la administración Bush para campear por Irak y Afganistan con patente de corso.