
Casos como el de las facturas falsas del distrito Macarena en el Ayuntamiento de Sevilla son ejemplos claros del porqué de la desconfianza y desapego que existe y que crece cada día más en los ciudadanos sobre la clase política. Y personajes como José Pardo, el empresario partícipe de las 3 principales empresas que obtuvieron la concesión de gran parte de las obras ofertadas, condenado por cohecho en anteriores ocasiones (concesión irregular del servicio de ambulancias del S.A.S. en el periodo en el que era funcionario del mismo) no pueden de ninguna manera seguir vinculados al gobierno municipal, y cualquiera que dé cobijo a semejante elemento estará, cuando menos, en la sospecha de todos. Este amiguito de Juan Guerra (¿se acuerdan?), quizás su mejor maestro, cobró la alegre cantidad de 50.000 euros a través de la empresa COS en diferentes conceptos (todos en 2 días) de los que ya se ha demostrado que varios eran rotundamente falsos. El encargado de seguridad en los mítines del alcalde forma parte de esa calaña de inaceptables ladrones que se aprovechan de su posición de cercanía al poder para engordar de cualquier manera sus bolsillos. Pero, aún siendo él el personaje principal en esta trama, no exime de responsabilidad a aquel que, desde el poder, comulga de dichas acciones (por acción) o no ejerce su capacidad de supervisión y control obligatoriamente exigibles (por omisión). Alfredo Sanchez Monteseirín, alcalde de la ciudad y máximo representante del partido que acoge al avispado empresario, interpretó mal la crisis en el consistorio al querer cerrar en falso el caso con las dimisiones de Jose Antonio García (ex-concejal del distrito Macarena y actual edil de Consumo) y de Jose Marín (director de área). Tras presiones de la fiscalía, de los partidos de la oposición y de los medios de comunicación, el alcalde ha decidido crear una comisión de investigación que incluya los últimos 10 años de gobierno, jugada que no ha sentado demasiado bien en el PA, que tuvo responsabilidades de gobierno en ese período. Asímisimo, ha instado a que la celebración de esta comisión sea pública (tras reconsiderar su postura inicial de crear una comisión cuasi secreta), pero ha condicionado la creación de dicha comisión a que el presidente de la misma sea un representante del equipo de gobierno. Esta exigencia ha hecho que tanto PA como PP ya hayan declarado públicamente que no participarán en una comisión que califican de pantomima. Sea como fuere, lo que parece demostrado es que, una vez más, tras descubrirse una caso de corrupción política, unos y otros se afanan en obtener el mayor desgaste político del contrario mientras todos demuestran una falta total de interés por aclarar a los ciudadanos lo sucedido realmente.
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